Una vez más, estudiantes y
trabajadores salimos juntos a la calle, reforzando la unidad
estratégica que supimos construir históricamente. Al igual que los
hicimos durante todo este año, signado por múltiples luchas, el
próximo jueves 10 de octubre convocamos desde la Federación
Universitaria de La Plata al paro nacional impulsado por la CTA y
diferentes organizaciones de trabajadores, territoriales,
estudiantiles y culturales en una movilización de carácter
multisectorial y masivo.
Se trata de una medida de
fuerza contra el ajuste y la pobreza en un contexto donde
escasea el presupuesto destinado para la salud y la educación, y
crece el endeudamiento del Estado que privilegia los subsidios a
empresas privadas antes que las políticas públicas a favor del
pueblo trabajador.
La crisis económica cala
hondo en los bolsillos de estudiantes y trabajadores, con el
crecimiento constante en los precios de los alquileres, de los
alimentos y del transporte público. Cada vez resulta más dificil
acceder a la Universidad en este contexto inflacionario. Sin un plan
de alquileres accesible para los estudiantes y con las obras
estancadas para la apliación del Albergue Universitario, la
Universidad sigue siendo territorio para unos pocos privilegiados.
Hace dos años obtuvimos el triunfo histórico del Boleto
Universitario al que llegamos mediante la lucha y la organización
estudiantil. Pero desde el comienzo vimos que solo estábamos dando
un paso en una lucha mucho más amplia por la democratización social
de la Universidad. Es por eso que impulsamos el debate por la
creación de un Boleto Educativo a nivel nacional y provincial que
beneficie a estudiantes de todos los niveles, docentes y trabajadores
de la educación. Estamos convencidos de que la lucha por la
regulación de los alquileres y por el Boleto Educativo comparten el
objetivo político de construir una Universidad de y para el pueblo.
Sin embargo, en difícil
tarea nos encontramos que tanto el gobierno nacional como el
gobierno provincial buscan descargar la crisis económica sobre los
trabajadores, buscando privilegiar los negocios corporativos en
plena campaña electoral. Se retoma así una práctica retrógrada y
represiva que busca bajar la edad de imputabilidad para criminalizar
y judicializar la pobreza en los barrios y se pone presos a los
trabajadores que luchan por sus derechos para criminalizar y
judicializar la protesta social. Es por eso que incorporamos los
reclamos contra la baja en la edad de imputabilidad y por la nulidad
de las causas a los compañeros de la Junta Interna de ATE Educación,
apresados por luchar contra el ajuste de Scioli y De Lucía en la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.
Los estudiantes de la UNLP
tenemos mucho para decir en este contexto de crisis y ajuste. Cientos
de estudiantes trabajan de forma precarizada a partir de convenios
entre la Universidad y entidades tanto públicas como privadas que se
esconden bajo el rótulo de pasantías de experiencia laboral. Estas
pasantías no son más que trabajo en negro para los estudiantes que,
en la mayoría de los casos, tienen responsabilidades equivalentes a
trabajadores en planta permanente, cobran irregularmente y no cuentan
con aportes jubilatorios ni ninguno de los derechos que los
trabajadores conquistaron en históricas luchas. Tales es el caso de
los pasantes precarizados que actualmente se encuentran en lucha en
el Instituto de Previsión Social, y cuyo precedente directo fue el
conflicto en ARBA por el pase a planta de los pasantes del call
center. El contexto de estos procesos es una UNLP que mantiene a más
de 800 trabajadores precarizados en sus instalaciones, convirtiéndose
en una de las instituciones más precarizadoras de la región.
El desfinanciamiento de la
educación pública viene acompañado por el acatamiento silencioso y
cómplice por parte del rectorado que aprueba año a año el
presupuesto enviado por el Gobierno Nacional, sabiendo incluso que es
insuficiente para el financiamiento de una de las universidades más
grandes del país. Pero este acatamiento viene acompañado del
refuerzo de los negocios con empresas privadas, que financian gran
parte del funcionamiento cotidiano de las facultades a costa de la
adecuación de los planes de estudio a las reglas impuestas por el
mercado. Esta lógica cínica de formación de profesionales para las
grandes empresas encuentra su marco de posibilidad en la Ley de
Educación Superior, aprobada en plena década neoliberal y
profundizada durante el gobierno kirchnerista. Es por eso que
luchamos por su inmediata derogación, para lograr una Universidad de
calidad y al servicio del pueblo.
El Jueves 10 de octubre
salimos a la calle contra el ajuste y la pobreza. Concentramos a las
10h en 7 y 48 para marchar a la gobernación de la provincia.
FULP
Federación
Universitaria de La Plata
