El año 2010, viene encontrando en el centro de la polémica a las autoridades de la UNLP. Empezando por la elección de autoridades el 17 de abril, donde nuevamente se eligió rector sin debate alguno en la asamblea universitaria. Aún así, el flamante rector Fernando Tauber se mostró sonriente en las fotos de los diarios, dando continuidad a la alianza PJ-UCR que también supo sostener a Gustavo Aspiazu, y apoyado en los sectores estudiantiles que históricamente lo votaron: JUP, Franja Morada y la reciente adquisición a su brazo estudiantil, el MILES.
Desde entonces se vienen haciendo públicas toda una serie de denuncias, que encuentran como principales involucrados a las autoridades de la Universidad.
Una de ellas se difundió en el mes de agosto, desde un informe televisivo donde los vecinos de Lomas de Zamora denuncian una venta de terrenos que la UNLP realizó en el año 2008 a Covelia SA, empresa de recolección y transporte de residuos perteneciente a Hugo Moyano. Se trata nada menos que la venta de 3000 hectáreas que contienen parte de la laguna de Santa Catalina.
El predio de Santa Catalina representa la última laguna natural de Lomas de Zamora, y por ende el último ecosistema natural, incluso de toda la sub-cuenca baja del río Matanza. Se trata de un predio con un valor histórico, biológico, ambiental y educativo inconmensurable.
La denuncia efectuada por vecinos, organizaciones sociales, ambientalistas y estudiantiles cuestiona seriamente la legalidad de la venta, echando sospechas sobre actos de corrupción por parte de los funcionarios de la Universidad. Recordemos que aunque la UNLP muestre hoy una escritura de 1982 –a juzgar por varios abogados especialistas sin validez legal-, nunca compró el predio, sino que lo recibió del Estado Nacional. Los vecinos observan además, que lo que todavía permanece en manos de nuestra Universidad atraviesa su etapa de mayor abandono e indiferencia para con la comunidad.
Hay un segundo caso que demuestra como esta denuncia no se trata de un hecho aislado. Estamos hablando de la deuda que nuestra Universidad aún sostiene con los miembros de la comunidad Mbya Guaraní, que reclaman 6000 hectáreas de tierras ancestrales apropiadas hace más de 15 años en Misiones. La utilización de estas tierras por parte de la Universidad ha versado en proyectos turísticos destinados a la explotación, habiendo asignado para el cuidado de las tierras a un solo guarda parques.
Y el caso más reciente, pero no menos escandaloso, es la vinculación de la UNLP con el negocio del juego. La Facultad de Arquitectura, cuyo decano es el antiguo rector Gustavo Aspiazu, mantiene un convenio de capacitación laboral con la fundación Florencio Pérez, que tiene a su cargo la explotación del Bingo Platense en sociedad con la empresa Codere, que regentea esta sala de juegos.
La fundación Florencio Pérez, cuyo objeto se supone es la rehabilitación de adicción a las drogas, es dirigida por Raúl Kraiselburd, director también del diario El Día y socio de Codere. Desde el año 2008 registra una denuncia penal por presunta evasión de impuestos, lavado de dinero y estafa. Ni siquiera tiene sede propia: funciona en el mismo lugar donde está el diario que dirige Kraiselburd, y hasta comparten el mismo teléfono.
Pero la vinculación de la UNLP no se agota en el convenio con Arquitectura, sino que también la Facultad de Informática, a través de trabajo a terceros, presta servicios de auditoría de los sistemas de control, cuya función es determinar lo que se juega minuto a minuto. La UBA recibió inicialmente la propuesta de llevar adelante esta tarea, pero decidió rechazarla argumentando que no estaba dispuesta a sacrificar el prestigio de la institución académica.
Como parte de la comunidad universitaria, entendemos que estos hechos no pueden pasar desapercibidos. Mientras sistemáticamente se pone en el ojo de la mira al movimiento estudiantil - cuando se moviliza por más presupuesto, cuando defiende un proyecto diferente de Comedor Universitario, cuando intenta profundizar otro modelo de Universidad – se intenta ocultar o simplemente desconocer que la nuestra es una Universidad denunciada. ¿Qué tienen para decir las autoridades? ¿Que opina también el resto de la Universidad , incluyendo al cuerpo legislativo que representa el Consejo Superior? Como FULP nos parece importante abordar este debate, y no desde el señalamiento vacío que tan impunemente se hace hacia sectores como el nuestro, sino desde los hechos, la realidad que se nos impone, y haciendo participes a las distintas voces de la comunidad universitaria.
