El pasado lunes 16 de agosto, un informe emitido en el programa televisivo CQC, mostraba públicamente la indignación de los vecinos de Lomas de Zamora, quienes denuncian una venta de terrenos que la UNLP realizó en el año 2008 a Covelia SA, empresa de recolección y transporte de residuos perteneciente a Hugo Moyano. Se trata nada menos que la venta de 3000 hectáreas que contienen parte de la laguna de Santa Catalina.
El predio de Santa Catalina representa la última laguna natural de Lomas de Zamora, y por ende el último ecosistema natural, incluso de toda la sub-cuenca baja del río Matanza. Cuenta con una superficie aproximada de 6500 hectáreas y una amplia variedad de ambientes. Contiene plantaciones, bosques y edificios históricos, remanentes de los montes naturales de la región, pastizales, arroyos y bañados. Viven allí unas 1.500 especies de plantas, hongos, algas; al menos 380 especies animales y lo rodea una comunidad ávida de tener acceso a un sitio de esta magnitud. Se trata en definitiva de un predio con un valor histórico, biológico, ambiental y educativo inconmensurable.
La denuncia efectuada por vecinos, organizaciones sociales, ambientalistas y estudiantiles cuestiona seriamente la legalidad de la venta, echando sospechas una vez más sobre actos de corrupción por parte de los funcionarios de la Universidad. Recordemos que aunque la UNLP muestre hoy una escritura de 1982 –a juzgar por varios abogados especialistas sin validez legal-, nunca compró el predio, sino que lo recibió del Estado Nacional. Los vecinos observan además, que lo que todavía permanece en manos de nuestra Universidad, es decir los bosques, pastizales y tambo, atraviesan su etapa de mayor abandono e indiferencia para con la comunidad.
Pero además, este caso no se trata de un hecho aislado, sino una confirmación de la política ambiental de la UNLP y el triste papel desempeñado en la preservación de bienes comunes.
Nuestra Universidad sostiene aún una deuda con los miembros de la comunidad Mbya Guaraní, que reclaman 6000 hectáreas de tierras ancestrales apropiadas hace más de 15 años en Misiones. La utilización de estas tierras por parte de la Universidad ha versado en proyectos turísticos destinados a la explotación, habiendo asignado para el cuidado de las tierras a ¡un solo guarda parques!
Tampoco podemos olvidar las repercusiones generadas el año pasado, en ocasión de la aceptación por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de $36.000.000 provenientes de la minera La Alumbrera, a ser distribuidos entre todas las Universidades Nacionales. Estos fondos fueron aceptados gustosamente por las autoridades de la UNLP , pero encontraron el repudio de distintos sectores de nuestra comunidad universitaria e incluso el rechazo expreso de los fondos por parte de la Universidad Nacional de Cordoba (UNC), de Río Cuarto (UNRC) y de Lujan (UNLu)
Resulta evidente entonces que la política llevada adelante por la gestión, no solo ignora las grandes problemáticas ambientales, sino que patrocina constantemente la explotación y desintegración de nuestros bienes comunes. La primacía de los negocios y acuerdos empresariales por sobre el medio ambiente y la calidad de vida, resulta alarmante.
Hoy los responsables de llevar adelante estas medidas son quienes gobiernan la UNLP, aquellos que actúan solidariamente con el esquema de saqueo y extracción de bienes comunes que profundiza el modelo Kirchnerista. Como parte de una política de Estado, desde la Secretaría de Minería de la Nación se apuesta a seguir profundizando la explotación minera en todo el territorio, de la mano de empresas trasnacionales con grandes proyectos contaminantes como estandartes excluyentes. En el año 2003 se contabilizaban en el país cuarenta proyectos mineros, con una producción de $4.080 millones, mientras que en el 2008 había más de cuatrocientos proyectos, con una producción de $16.650 millones. Es decir, el valor de la producción minera creció más de un 300% tan sólo en cinco años.
Desde la Federación Universitaria de La Plata denunciamos tenazmente la corrupción en la UNLP de la mano del rector Fernando Tauber, su cúpula de funcionarios y la complicidad de los sectores estudiantiles que lo acompañaron en la última elección: Franja Morada, PJ y MILES. Al mismo tiempo, entendemos que es una responsabilidad de la comunicad universitaria denunciar también este modelo ambiental que profundiza el saqueo de nuestros bienes comunes y reafirmamos nuestro compromiso en fortalecer lazos de coordinación nacional en defensa del territorio, contra el saqueo y la contaminación.
